La comunicación de la ONU describió patrones de abuso inquietantes, incluidos secuestros en iglesias y escuelas, cautiverio prolongado con violencia sexual, conversión religiosa forzada y matrimonio forzado
(CCI Noticias).-
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por informes fidedignos de graves violaciones de los derechos humanos que afectan a mujeres y niñas en Nigeria, incluidos asesinatos, secuestros, violencia sexual, conversiones forzadas, matrimonios forzados y desapariciones forzadas, dirigidas en particular contra las comunidades cristianas y otras minorías religiosas en las regiones del norte y del Cinturón Medio.
Según el comunicado emitido por expertos de la ONU el 8 de junio, grupos extremistas armados, entre ellos Boko Haram y la Provincia del Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), siguen activos en algunas zonas del norte de Nigeria. Los expertos también hicieron referencia a la violencia vinculada a la dinámica más amplia del conflicto entre agricultores y pastores, señalando la inseguridad generalizada, pero sin proporcionar un marco de atribución detallado para todos los incidentes reportados.
La comunicación de la ONU describió patrones de abuso inquietantes, incluidos secuestros en iglesias y escuelas, cautiverio prolongado con violencia sexual, conversión religiosa forzada y matrimonio forzado, que a menudo afectaban a menores de edad.
En un caso documentado, una niña de 13 años del estado de Bauchi fue presuntamente secuestrada y sometida a matrimonio forzado e intentos de conversión. En otro caso, una joven de 16 años resultó herida tras resistirse a la coacción para contraer matrimonio, presuntamente vinculada a grupos armados de su comunidad.
El comunicado también destacó los mayores riesgos que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas en los campamentos de desplazados internos, donde, según informes, algunas sobrevivientes sufren explotación y coacción a cambio de alimentos, refugio y artículos de primera necesidad. Asimismo, señaló que algunas personas desplazadas ocultan su identidad religiosa para evitar ser atacadas en zonas controladas por grupos armados.
El caso de Leah Sharibu, secuestrada en 2018 del Colegio Gubernamental de Ciencias y Tecnología para Niñas de Dapchi, fue citado nuevamente como un símbolo de los secuestros sin resolver de estudiantes en Nigeria, tras los informes de que permaneció cautiva después de negarse a renunciar a su fe cristiana.
Otro caso ampliamente citado, el de Deborah Emmanuel, una estudiante asesinada en Sokoto en 2022 tras ser acusada de blasfemia, fue mencionado en relación con la preocupación constante por la violencia de las turbas y la impunidad en casos de índole religiosamente sensible.
Expertos de la ONU destacaron que estos patrones de abuso podrían constituir violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la libertad, la seguridad, la libertad de religión o de creencias, y la protección contra la tortura, la esclavitud y la trata de personas. Instaron a las autoridades nigerianas a reforzar la protección de la población civil, garantizar la liberación de las personas secuestradas y asegurar la rendición de cuentas mediante investigaciones y enjuiciamientos eficaces.
El comunicado también señaló la inseguridad generalizada en el norte de Nigeria y la región central del país, donde los ciclos de violencia han persistido durante años en medio de las tensiones entre agricultores y pastores y la presencia de múltiples grupos armados.
En respuesta a la comunicación de la ONU, las organizaciones de defensa de los derechos humanos citadas por International Christian Concern señalaron que los ataques en la región central del país siguen afectando a las comunidades agrícolas, con informes reiterados de incursiones en aldeas, ataques a iglesias y desplazamientos masivos en estados como Plateau, Benue, Kaduna y Nasarawa. Argumentan que la magnitud y el patrón de la violencia en las comunidades cristianas rurales a menudo no se reflejan adecuadamente en los informes internacionales sobre el conflicto.
Los informes vinculados a la CPI han documentado previamente repetidos ataques contra asentamientos rurales, la destrucción de medios de subsistencia y desplazamientos prolongados, lo que suscita preocupación por las lagunas en la rendición de cuentas y los retrasos en los enjuiciamientos que contribuyen a los ciclos de impunidad.
Los expertos de la ONU concluyeron haciendo un llamamiento a que se adopten medidas urgentes para proteger a las mujeres y las niñas, ampliar los servicios psicosociales y de rehabilitación para las supervivientes y garantizar investigaciones independientes sobre todas las denuncias de violaciones graves.
Advirtieron que la continua inseguridad y la impunidad corren el riesgo de agravar el sufrimiento de la población civil, en particular en las comunidades rurales y afectadas por el desplazamiento en el norte de Nigeria y la región central del país.◄
