Víctor Hugo Quero Navas: Anatomía de un sistema de injusticia pública, notoria y comunicacional

Nuestra querida Venezuela ya no necesita más excusas ni más eufemismos. Necesita verdad verificable, justicia independiente, reparación integral y garantías de no repetición

Víctor Hugo Quero Navas
La tumba de la verdad y el deber moral de detener la barbarie en Venezuela
La muerte de Víctor Hugo Quero Navas no puede ser tratada como una simple noticia penitenciaria. Es, por el contrario, una radiografía moral de un sistema criminal que ha aprendido a mentir con método, a ocultar con cálculo y a castigar con crueldad y frialdad. Cuando una madre de edad avanzada debe recorrer oficinas, tribunales, cárceles y ventanillas estatales para descubrir dónde está su hijo, y cuando la respuesta llega tarde, incompleta y sospechosamente corregida por la presión pública, el problema ya no es administrativo, es estructural.
Según reportes periodísticos recientes y pronunciamientos de ONGs, Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025 por presuntos agentes de la DGCIM; su madre, una mujer octogenaria Doña Carmen Teresa Navas, lo buscó durante un año y seis meses sin recibir respuestas claras; y el Estado confirmó su muerte mucho después, cuando el caso ya había adquirido una dimensión pública e internacional. Los reportes también señalan exhumación, entierro secreto y graves inconsistencias oficiales sobre fecha, lugar y notificación a la familia.
La ONU, la OEA, la CIDH, HRW y Amnistía Internacional han documentado el mismo hilo conductor, persecución política, desaparición forzada, tortura, arbitrariedad judicial y muerte bajo custodia. Eso significa que el caso de Víctor Hugo no está “aislado” del sistema; está incrustado en él. La OEA incluso sostiene que las muertes en custodia, el ocultamiento de información y la distorsión de la causa de muerte forman parte de una política sistemática de represión.
Especialmente estos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la NNUU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coinciden en señalar que el Estado venezolano implementó una política de “terrorismo de Estado” para neutralizar a la disidencia y consolidar el control tras un proceso electoral cuestionado por la opacidad en la totalización de resultados. Esta política se materializó en la denominada “Operación Tun Tun”.
Por eso, lo de Víctor Hugo exige algo más que condolencias. Exige verdad completa, entrega íntegra del expediente, identificación de toda la cadena de mando, investigación independiente, sanción penal efectiva y reparación para la familia. Lo contrario sería consolidar la impunidad como forma de gobierno. Juan E. Méndez ha insistido en el carácter absoluto de la prohibición de la tortura; Diane Orentlicher vinculó la lucha contra la impunidad con la protección efectiva de los derechos humanos; y Ruti Teitel explicó que la justicia transicional es la forma de justicia propia de las sociedades que salen de un abuso masivo. Esa doctrina no es decorativa, es el mapa de salida.
A las instituciones venezolanas les corresponde un ultimátum moral y jurídico, deben cesar de inmediato las desapariciones, las torturas, las muertes bajo custodia y la persecución política; liberar plena e incondicionalmente a los presos políticos; revelar el paradero de los desaparecidos; desarmar y desarticular a los colectivos armados y cualquier aparato paraestatal de intimidación, represión y de asesinatos de civiles; y reformar a fondo el sistema de justicia para devolverle independencia real. Todo lo demás sería administrar la crueldad, no desmontarla.
Es importante mencionar la cadena de responsabilidad institucional y funcional documentada públicamente, las fuentes abiertas se pueden verificar.
En la DGCIM (funcionarios no individualizados que ejecutaron la captura) el director era Javier Marcano Tábata. En el Ministerio del Interior estaba Diosdado Cabello. En el Ministerio Penitenciario estaba Julio García Zerpa y en el penal El Rodeo I estaba Alexander José Martínez Endeiza.
El que imputó la causa fue el juez Carlos Liendo del Tribunal Segundo de Control para el Terrorismo. El fiscal Luis Felipe Cádiz Valdez de la Fiscalía 67 del Área Metropolitana de Caracas lo imputó. En la fiscalía estuvo el Fiscal General Tarek William Saab, fue el responsable durante la mayor parte de la desaparición y ocultamiento. En la Dirección de DDHH de la Fiscalía estaba Karin García y Nicola Stanley Coppolone. En la Defensa Pública estuvo Daniel Ramírez Herrera responsable de la omisión de protección. En la Defensoría estaba Dionita Coronado.
En el Hospital Militar Carlos Arvelo estaba Luis Montaño Hernández. En Senamecf estaba Lissett Moreno. El director del CICPC, Douglas Rico, no comunicó oportunamente la muerte.
Por las atrocidades mencionadas y sus responsables, hago un llamado al presidente Donald J. Trump, hoy líder del plan de las tres fases en Venezuela. Con todo respeto solicito acelerar el proceso de transición gubernamental hacia la democracia, para que juntamente con la sociedad civil, gremios, la academia, juristas independientes y liderazgo religioso para que se concrete urgentemente el avance de las tres fases del plan para lograr la transición hacia la democracia.
Sabemos que se debe desmontar toda la estructura de la organización criminal en el Estado, el aparato de represión y el sistema corrompido de justicia, y el cambio de mentalidad de la población, todo esto requiere tiempo, estrategias, recursos y tecnócratas, entre otras. No obstante, debemos iniciar el proceso para poder lograr la transición lo más pronto posible que contribuya a mejorar la calidad de vida del venezolano.
Desde un sector de la Iglesia Evangélica en Venezuela hago un llamado a la “justicia divina” frente al colapso de la justicia humana. Esta dimensión espiritual ha sido fundamental para mantener la resiliencia de la sociedad civil venezolana.
Nuestra querida Venezuela ya no necesita más excusas ni más eufemismos. Necesita verdad verificable, justicia independiente, reparación integral y garantías de no repetición. Mientras persistan los patrones documentados por la ONU, la OEA, la CIDH, la CPI, Amnistía Internacional, HRW y las ONG venezolanas, la comunidad internacional no debe tratar la crisis como una disputa política ordinaria, sino como una emergencia de derechos humanos con rasgos consistentes de crímenes de lesa humanidad.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas es, en efecto, público, notorio y comunicacional. Es la evidencia más reciente y dolorosa de cómo el Estado venezolano ha utilizado la desaparición forzada, la crueldad y el ocultamiento post-mortem como herramientas de control político. El hecho de que este crimen haya permanecido oculto durante nueve meses, involucrando a jueces, fiscales, directores de prisiones, custodios, verdugos y forenses, demuestra que no estamos ante fallos aislados, sino ante un sistema diseñado para la impunidad.
En relación con Víctor Hugo Quero Navas debe convertirse en un símbolo del “basta ya”. Basta ya de torturas. Basta ya de desapariciones forzadas. Basta ya de muertes bajo custodia. Basta ya de persecución política. Basta ya de utilizar el aparato judicial como instrumento de terror.
La memoria de Quero Navas, rescatada del silencio por la tenacidad de una madre de 82 años, Doña Carmen Teresa Navas se levanta hoy como un estandarte contra el olvido y una demanda irrenunciable de justicia para todos los venezolanos.

Plácido Córcega
Analista en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global