Esta desgracia no es un “acto de Dios”; es, en realidad, el acta de defunción de un modelo institucional que antepuso los dividendos de la propaganda política a los rigores de la ingeniería estructural
“El Terremoto en Venezuela no fue un Castigo Divino, fue la Factura de la Estupidez Estatal”.
Análisis crítico sobre la catástrofe sísmica del 24 de junio de 2026: cómo la soberbia ideológica, el desprecio por la ingeniería y la parálisis burocrática sepultaron vidas bajo el mito de la infalibilidad política.
1.- Dios, la roca y la arena: una lección que no aprendimos.
Cuando el suelo tiembla con la furia ciega de la naturaleza, la mente humana tiende a buscar refugio en la metafísica.
Algunos, sumidos en el pánico, pretenden avistar un dedo acusador desde el firmamento; otros, un testimonio irrefutable de que habitamos un cosmos desprovisto de orden, lógica o propósito.
Sin embargo, la célebre parábola bíblica de la casa edificada sobre la roca y aquella construida sobre la arena no pertenece al terreno de los milagros ni a los anales de los juicios celestiales.
En su esencia más pura, es un tratado elemental de decisiones terrenales: nos habla con severidad sobre el criterio, la memoria histórica, la sumisión voluntaria a las leyes de la física y el respeto absoluto a la experiencia técnica acumulada por generaciones.
No fue una entidad divina la que tomó la determinación de erigir 251 edificios de gran envergadura sobre suelos flagrantemente inestables. Nadie en el cielo firmó los permisos para vaciar concreto sin los debidos estudios de mecánica de suelos, ni ordenó ignorar con desparpajo las normativas sísmicas vigentes, omitiendo la consulta obligatoria a los cuerpos de ingenieros para determinar si aquellos terrenos específicos eran capaces de sostener el peso muerto de una torre residencial.
Esa responsabilidad recae por entero sobre la tierra: fue el fruto de la soberbia desmedida de una clase dirigente que gobierna bajo la premisa absurda de que la gravedad es una variable opinable y la historia, un borrador desechable que se puede reescribir en un discurso de tarima.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.- Máxima atribuida a Albert Einstein.
Venezuela arrastra décadas atrapada en ese bucle de insensatez. El país persiste en el error con una fidelidad alarmante: ignora las advertencias científicas, desprecia sistemáticamente el conocimiento técnico y repite con terquedad patrones de ocupación territorial destructivos que ya demostraron su inviabilidad en las tragedias históricas de 1812 y 1967. Hoy, el 24 de junio de 2026, la geografía ha cobrado la factura de esa obstinación.
Dos sismos demoledores de magnitud 7.2 y 7.5 han sacudido la región central del país, sepultando bajo los escombros a centenares de ciudadanos.
Esta desgracia no es un “acto de Dios”; es, en realidad, el acta de defunción de un modelo institucional que antepuso los dividendos de la propaganda política a los rigores de la ingeniería estructural.
2.- La erosión de la memoria y la politización del suelo.
Las infografías y mapas de riesgo que saturan hoy las redes sociales no revelan nada que la ciencia no hubiese mapeado con precisión quirúrgica desde el siglo pasado.
Las fallas tectónicas activas San Sebastián, El Pilar, Boconó y La Victoria no constituyen un descubrimiento de última hora. Son cicatrices geológicas profundas y conocidas.
Tanto la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) han mantenido durante años una advertencia inequívoca: la franja costera y la región norte-central de Venezuela representan una zona roja de peligro sísmico extremo.
Por lo tanto, el verdadero problema que enfrentamos no es de índole geológica, sino estrictamente política. Durante el siglo XIX y hasta mediados de la década de 1950, el litoral del estado Vargas y las zonas bajas de Yaracuy se mantuvieron como caseríos dispersos, espacios de ocupación estacional o balnearios de veraneo.
Ninguna autoridad con un mínimo de sensatez técnica planeaba la urbanización masiva y permanente de esas laderas y cuencas, debido a que la ingeniería de la época reconocía la inestabilidad intrínseca de sus suelos.
No obstante, el auge de la renta petrolera, la posterior especulación inmobiliaria desregulada y, fundamentalmente, el desprecio contemporáneo por la planificación científica alteró el panorama de forma catastrófica. A menudo se idealiza la solidez de la infraestructura construida a mediados del siglo XX, atribuyéndola de manera mítica a un “sobrediseño” o en exclusividad al talento de firmas extranjeras.
Se olvida un factor primordial: aquellas obras monumentales, como las Torres del Silencio en Caracas, se ejecutaron bajo una supervisión civil y militar implacable.
Existían rigurosos controles de calidad sobre los agregados del concreto, se exigía acero importado con certificaciones específicas y regía un principio disuasorio elemental: el ingeniero que fallaba o abarataba costos comprometiendo la estructura pagaba su osadía con la cárcel.
No se trataba de una genialidad importada, sino del funcionamiento básico de un Estado que exigía responsabilidades y castigaba la negligencia.
La era posterior instauró la antítesis de este enfoque: la improvisación como norma, la corrupción en la asignación de contratos, la manga ancha presupuestaria y el archivo sistemático de cualquier informe técnico que resultara “incómodo” para los planes oficiales.
3.- Voces en el desierto: Los informes de ingeniería archivados.
En el año 2005, un exhaustivo estudio de microzonificación sísmica para la ciudad de Caracas desarrollado sobre la base de modelos predictivos que simulaban los peores escenarios de los sismos de 1812 y 1967 ya anticipaba con escalofriante precisión el panorama crítico que hoy lamentamos.
Expertos de la administración de desastres, entre ellos el ingeniero y exdirector de Protección Civil Antonio Rivero, sostuvieron estas advertencias en auditorías y foros públicos durante más de dos décadas.
La recomendación era unánime: el Estado venezolano debía iniciar un programa masivo de reforzamiento estructural y reducción de vulnerabilidades emulando los protocolos sismorresistentes de naciones como Japón.
El destino de aquellas recomendaciones fue el olvido en los anaqueles burocráticos.
La situación escaló de la negligencia pasiva a la temeridad activa con la implementación de los macroproyectos habitacionales de la denominada Misión Vivienda.
El propio Rivero y diversos cuerpos técnicos consignaron informes detallados advirtiendo que desarrollos urbanos enteros, como el complejo de Ciudad Caribia, se estaban cimentando sobre formaciones geológicas de alto riesgo, laderas inestables y zonas de afectación directa de fallas activas.
La respuesta del poder no fue técnica, sino estrictamente ideológica y electoral: se tildó la advertencia científica de sabotaje y se priorizó la velocidad de la construcción y el impacto visual de la entrega de llaves.
Hoy, esos bloques multifamiliares, levantados apresuradamente sin la debida fiscalización de materiales, sin estudios dinámicos de suelos y violando las ordenanzas básicas de zonificación sísmica, se han transformado en cúmulos de escombros. Y esos escombros tienen un peso moral insoportable.
Aplastan la conciencia de una administración que prefirió la fotografía propagandística y la inauguración televisada antes que garantizar el derecho fundamental a la vida y a una vivienda segura para las familias que las habitarían.
4.- La parálisis operativa y la burocracia como arma letal.
Si la estupidez y la corrupción dictaron las pautas del diseño y la construcción de las estructuras, la incompetencia operativa tomó el relevo durante las horas más oscuras de la emergencia.
Mientras los cuerpos de rescate internacionales y las brigadas especializadas de países vecinos ofrecían un despliegue inmediato de tecnología de punta, rescatistas caninos y expertos en estructuras colapsadas, el régimen central interpuso un muro de condiciones absurdas: el apoyo exterior sólo sería admitido si se supeditaba a la coordinación exclusiva de funcionarios locales, personalidades políticas que carecen de la más elemental formación o experiencia en la gestión de catástrofes de esta magnitud.
El absurdo operativo alcanzó niveles criminales al confinarse la movilización civil. A las brigadas de voluntarios nacionales, médicos independientes y personal paramédico que intentaban aproximarse a los focos del desastre en la región central, se les impidió el acceso directo, obligándolos a desviarse decenas de kilómetros hacia Caracas para cumplir con un engorroso proceso de registro y centralización política en las instalaciones del Poliedro.
Este empeño por exhibir un control absoluto y monopolizar el protagonismo de la tragedia ha provocado una omisión imperdonable. Bajo las losas fracturadas, el tiempo de los sobrevivientes se agota mientras la maquinaria pesada escasea, los camiones con grúas de alto tonelaje permanecen varados por autorizaciones políticas y las comunidades intentan remover toneladas de concreto con sus manos desnudas.
Ya hay víctimas fatales cuyo deceso ocurrió no por el impacto inicial del sismo, sino por la dilación deliberada del tiempo de rescate.
Esto no constituye un castigo del destino; es negligencia criminal en tiempo real. Es la burocracia operando como un mecanismo de destrucción masiva.
5.- El terremoto como diagnóstico definitivo.
Los acontecimientos del 24 de junio de 2026 no envían un mensaje místico desde el más allá. Son la cruda manifestación de la física aplicando sus leyes inmutables. El desastre actual es el punto de convergencia donde colisionan décadas de decisiones irresponsables, presupuestos desviados, alertas científicas silenciadas, urbanismo salvaje y una profunda soberbia institucional que asumió que el Estado podía decretar la suspensión de las leyes de la naturaleza.
La nación no requiere en este momento discursos moralistas ni profecías políticas; requiere con urgencia el regreso de los ingenieros, de los urbanistas independientes y de una dirigencia que asimile que la infraestructura habitacional no es un trofeo de campaña ni un instrumento de coacción electoral.
Una vivienda es un santuario humano que exige cimientos profundos, suelos estables y un cumplimiento técnico inquebrantable.
La parábola de la casa sobre la roca no es un cuento de hadas para adoctrinar conciencias; es una lección perentoria de ingeniería civil.
Quien decide ignorarla, condena a su sociedad a construir sobre una arena movediza que, ante el primer sismo, carece de clemencia.
Dejemos de culpar a la geografía o a la providencia por los frutos de nuestra propia desidia colectiva.
La estupidez institucionalizada ha sido, por desgracia, la política de Estado más consistente de nuestra historia reciente.
NOTA TÉCNICA SOBRE LA DESINFORMACIÓN POST-SÍSMICA
Ante la proliferación de datos e infografías en plataformas digitales tras el evento sísmico del 24 de junio, es imperativo precisar ciertos hechos históricos y técnicos para evitar el reduccionismo ideológico:
1) La innegable calidad de los proyectos de infraestructura ejecutados en la década de 1950 no respondió a un factor étnico o a la infalibilidad de los ingenieros extranjeros.
Respondía a la existencia de una institucionalidad técnica vigorosa, integrada por destacados profesionales venezolanos, respaldada por un marco legal estricto que castigaba con penas de prisión la mala praxis y el desvío de especificaciones estructurales.
2) Los mapas de fallas tectónicas y los modelos de vulnerabilidad publicados por FUNVISIS y la comunidad científica internacional son herramientas de prevención de una precisión extraordinaria.
Sin embargo, su capacidad para salvar vidas es nula si los tomadores de decisiones de los órganos municipales y nacionales archivan los planes de ordenamiento urbano para dar paso a la improvisación demagógica.
3) La advertencia explícita sobre los riesgos estructurales de la Gran Misión Vivienda en zonas críticas, formulada por técnicos como el ingeniero Antonio Rivero, consta en documentos oficiales de libre acceso.
Su desatención sistemática constituye una evidencia irrefutable de que la seguridad de la población fue sacrificada intencionalmente en el altar de la rentabilidad política.
(Artículo desarrollado a partir de la ficha técnica de: Francisco Javier González Rodríguez. Ingeniero civil, Consultor de proyectos, miembro de la asociación civil Gente del petróleo y la organización sindical UNAPETROL).
Miguel Ángel León R.
Apóstol, psicólogo y analista
