Un análisis a la tercera ronda de negociaciones en Venezuela
(CENTRAN).-
La distancia entre la agenda de las cúpulas políticas y la urgencia cotidiana del venezolano amenaza con transformarse en un abismo definitivo. En el marco de la coyuntura bajo la administración del interinato de Delcy Rodríguez y el dinamismo geopolítico impulsado por Washington tras la administración Trump, la denominada «mesa de tareas dirigidas» representada por Dinorah Figuera (AN 2015) y Jorge Rodríguez (oficialismo) ha culminado su tercera ronda.
Es importante destacar que el artículo 192 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas”.
Sin embargo, desde la perspectiva de las transiciones a la democracia, la negociación no ofrece avances estructurales para la reinstitucionalización del país, mientras la ciudadanía sufre ante una crisis económica que ahoga el presupuesto familiar.
DIAGNÓSTICO DE LA TERCERA RONDA: ANUNCIOS PROCEDIMENTALES SIN CAMBIOS DE FONDO
El seguimiento periodístico, como las coberturas de Efecto Cocuyo, confirma que el tercer acuerdo en Caracas padece una falla de fondo: se sustituyeron los hitos de democratización por anuncios procedimentales (selección de 32 magistrados del TSJ y revisión de leyes específicas).
Las omisiones son profundas:
Persistencia del marco punitivo: Sin modificación ni derogación de la Ley contra el Odio ni restricciones a las ONG.
Ausencia de garantías cívicas: Continúa el hostigamiento a la disidencia política y a la logística opositora.
LA CAPTURA DEL PODER JUDICIAL VS LOS DATOS DE TRANSPARENCIA VENEZUELA
El pilar de una transición es la independencia judicial. La investigación de Transparencia Venezuela sobre los 127 aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales deja al descubierto la intencionalidad oficialista de mantener el control ideológico:
“La evaluación determinó que 13 postulados militan abiertamente en el PSUV o ejercen funciones públicas, mientras que otros 30 aspirantes mantienen vinculaciones con el oficialismo y tendencias de izquierda radical/socialista. En total, cerca del 50 % de las candidaturas corresponden a perfiles con marcada adscripción ideológica y partidista…”.
— Transparencia Venezuela (Informe judicial, octubre 2026).
Esto vulnera el artículo 270 de la Constitución, funcionando como un filtro para cooptar el TSJ.
LA PERSPECTIVA DE LA GENTE COMÚN: INDIGENCIA SALARIAL Y DESESPERANZA
Desde CENTRAN advertimos que la dilación destruye la base social. La crisis económica presenta:
Destrucción del poder adquisitivo: Ingresos mínimos que reducen a familias a condiciones de subsistencia.
Precarización laboral: Ausencia de empleos dignos, impulsando la desesperanza y la migración forzada.
LAS CONSECUENCIAS DE UN TSJ IDEOLOGIZADO POR 12 AÑOS
Los magistrados del TSJ son electos por un período continuo de 12 años. Elegir un TSJ socialista o leal al PSUV generará:
Hipoteca institucional por más de una década: Potestad de anular leyes democráticas, inhabilitar candidatos y vetar partidos hasta 2038.
Impunidad para la corrupción y abusos: Protección a las estructuras responsables de la crisis.
Inseguridad jurídica y ruina económica: Ahuyenta la inversión y condena la economía al estancamiento.
Frenazo a la transición: Se consolida una «transición tutelada» con derecho a veto sobre cualquier gobierno futuro.
Sin derogación de leyes represivas, sin alivio económico y sin un TSJ independiente, la mesa de diálogo conducirá a la institucionalización de la desesperanza.◄
Plácido Omar Córcega Caraballo
Analista en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global. Centro de Transformación Nacional (CENTRAN).
