(Verdad y Vida – REDACCIÓN).-
Una reciente fuga de 19 presos ocurrió en la penitenciaria de Tocorón, sector El Clavo, en el municipio Acevedo del estado Miranda. Los internos, quienes iban a ser trasladados a otras cárceles en Anzoátegui, Monagas y Miranda, golpearon a guardias nacionales, los despojaron de dos fusiles y emprendieron la huida.
Por otra parte, en la madrugada del 21 de marzo, fue asesinado el pran, recién instalado, de la cárcel de Los Teques. Se pudo conocer que durante la reyerta, otros dos internos resultaron fallecidos y hubo cinco heridos.
La situación de las cárceles continúa generando más muertes y daños, mientras que aquellos que pueden y quieren ayudar a minimizar la violencia, sino ponerle un finiquito, están siendo frenadas y bloqueadas.
Recientemente se pudo conocer públicamente sobre la existencia de un veto aplicado a la Iglesia Cristiana y a la iglesia católica, respecto a la entrada a las cárceles del país.
En consulta realizada sobre el tema a María Quiroz, directora de la Pastoral Evangélica Penitenciaria (PEP) del Consejo Evangélico de Venezuela, confirmó que esta medida existe desde principios del año 2012.
A pesar de sus intentos en obtener una reunión con la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, no hubo resultados favorables. «Nuestra intención era explicarle quiénes éramos, la visión y misión, los logros de la PEP en el año 2010, y expresar nuestro apoyo a su gestión, pero en dichas comunicaciones no hubo respuesta», afirmó Quiroz.
Hasta ese momento, la labor de esta institución había podido realizarse, pero desde el primero de enero del año 2012, «no hubo ingreso para ningún grupo religioso, por lo que se enviaron diferentes comunicaciones a diferentes autoridades del ministerio de servicio penitenciario y nadie nos informaba nada. Las autoridades que nos atendían nos decían que había que tener paciencia porque era un ministerio nuevo y eso llevaba tiempo», comenta María Quiroz.
Por supuesto, para la labor encomendada por Dios, no hay excusa o prohibición que se interponga, por lo que afirma Quiroz que «la prohibición no significó abandonar el trabajo, se continuó realizando en días de visita, claro está, ya no era un trabajo integral dada las condiciones».
Lo que se debe considerar en estos casos de violencia penitenciaria, aparte de los derechos humanos de las personas recluidas, está la incertidumbre de los familiares, quienes están siempre a la expectativa de lo que pueda suceder. Recordemos, que en las cárceles conviven presos de cualquier delito en los mismos espacios y también hay víctimas dentro del grupo de victimarios.
La PEP, con el objetivo de dejar que Dios obre en cada ser humano, presta su apoyo a los familiares y visitantes de los internos en todo momento, tal y como se hizo en Mérida y en La Planta en su oportunidad. «Damos gracias a Dios por algunos directores de las cárceles del interior del país, que permitieron el ingreso de la PEP para que continuáramos con la labor», agregó Quiroz.
Informó la directora de la PEP: «En este año se apoyó a los internos heridos que fueron trasladados de Uribana al penal de San Felipe. El pastor penitenciario Alirio Vargas se movilizó e hizo contacto con mi persona para buscar los insumos básicos como agua, alimentos, la ropa y en suma urgencia los medicamentos. Se contó con el apoyo de las iglesias locales de Yaracuy, de la Coordinación Nacional de la Pastoral y de la Iglesia Las Acacias».
Mientras que la situación actual del país está enfocada en otras materias, la situación penitenciaria continúa haciendo estragos. El hecho de que existan cárceles y haya personas recluidas, no da derecho al abandono de esta situación y de la forma de convivencia y supervivencia de los presos.
Sólo de la mano del Señor, y arraigados en su Palabra se puede solventar en gran escala los corazones de los internos y llevarlos a una vida en mejores condiciones, físicas, mentales y espirituales.