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La violencia contra los cristianos tribales en Manipur aumenta a pesar de las intervenciones militares, van más de 131 muertos

El Tribunal Supremo de la India también señaló que “no quedaba ley ni orden en Manipur”

La casa quemada de una familia cristiana Kuki-Zo en Imphal, Manipur / El correo cristiano

(The Christian Post).-

INDIA.- La violencia contra la comunidad tribal cristiana Kuki-Zo en el estado de Manipur, en el noreste de la India, ha aumentado a pesar de las intervenciones militares desde su inicio el 3 de mayo. Recientemente, el conflicto se ha cobrado ocho vidas más y ha dejado 29 heridos. Hasta la fecha, 131 cristianos Kuki-Zo han sido asesinados, y 200 de sus aldeas y más de 360 ​​de sus iglesias han sido quemadas o destruidas.
Los últimos incidentes ocurrieron en las zonas fronterizas entre el distrito de Bishnupur, que alberga a la comunidad Meitei, de mayoría hindú, y el distrito de Churachandpur, donde viven los cristianos Kuki-Zo, según The Print, que dijo que entre los fallecidos hay cuatro de cada comunidad.
Los líderes de Kuki-Zo dijeron a The Christian Post que las personas de la comunidad Meitei son asesinadas sólo cuando ingresan a áreas tribales para iniciar ataques mortales.
La violencia estalló en Manipur tras una controvertida orden judicial para que el estado considerara la posibilidad de ampliar a la población meitei beneficios económicos especiales y cuotas, previamente reservadas para el pueblo tribal Kuki-Zo. También daría a los Meiteis, respaldados por el gobierno estatal, el derecho a comprar tierras en las colinas donde vive el pueblo Kuki-Zo.
El gobierno ha desplegado unos 50.000 soldados, policías armados y otro personal de seguridad para reforzar las zonas de amortiguamiento entre las dos comunidades. A pesar de estas medidas, las turbas han saqueado más de 4.000 armas y medio millón de municiones de la policía en Manipur, según estimaciones oficiales.
El teniente general PC Nair, director general de la fuerza paramilitar federal Assam Rifles, describió la situación como “sin precedentes” y destacó la “gran cantidad de armas” dentro de ambas comunidades como una preocupación clave, según The Wire. “Las turbas que rodean a las fuerzas y las mujeres que bloquean las carreteras son nuevos obstáculos para las fuerzas entrenadas para luchar contra los insurgentes armados”, afirmó.
Nair añadió: “Estamos aquí sólo para reducir los niveles de violencia. … Pero lo más importante es que estamos hablando con múltiples organizaciones de la sociedad civil y diversas partes interesadas para lograr que entablen conversaciones”.
El Tribunal Supremo de la India también señaló que “no quedaba ley ni orden en Manipur”.
Los casos de violencia se han trasladado a los tribunales de Assam. Se ha criticado el papel de la policía estatal a la hora de controlar la violencia y permitir el “saqueo” de las armerías.
Más de 131 personas de la comunidad Kuki-Zo han sido asesinadas y sus 200 aldeas, 7.000 casas y 360 iglesias han sido destruidas o quemadas, según el Foro de Líderes Tribales Indígenas, que dice que al menos 41.425 personas siguen desplazadas.
Sin embargo, sólo los cuerpos de 35 víctimas se encuentran en los hospitales del distrito de Kuki-Zo Churachandpur, al que la población local ha llamado Lamka. Decenas de cadáveres yacen en hospitales de la zona de Imphal, dominada por los Meitei, donde la mayoría de las víctimas de Kuki-Zo fueron asesinadas durante los primeros días de violencia.
Un líder tribal le dijo a CP anteriormente que el entierro masivo de los fallecidos Kuki-Zo se llevaría a cabo después de que los cuerpos que yacían en Imphal fueran transportados a Churachandpur.
El partido nacionalista hindú Bharatiya Janata gobierna tanto Manipur como el gobierno federal.
En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando al gobierno indio a restaurar urgentemente la paz en Manipur.
“Ha habido preocupaciones sobre políticas divisivas y motivadas políticamente que promueven el mayoritarismo hindú, y sobre un aumento de la actividad de los grupos militantes”, afirma la resolución. También hay “relatos de participación partidista de las fuerzas de seguridad en los asesinatos que han aumentado la desconfianza en las autoridades”.◄

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