De los 309 casos violaciones distintas de la libertad de religión, 200 involucraron a católicos romanos y 108 a cristianos protestantes sólo en 2026
(Anugrah Kumar – The Christian Post).-
Un nuevo informe, que documenta 309 violaciones distintas de la libertad de religión o de creencias en el país durante ese año, revela que el gobierno nicaragüense sometió a los cristianos a una represión creciente a lo largo de 2025.
De los 309 casos, 200 involucraron a católicos romanos y 108 a cristianos protestantes, incluidos los adventistas del séptimo día, según el informe que abarca el año calendario 2025, publicado por el grupo británico Christian Solidarity Worldwide.
El gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso “medidas preventivas” a 36 líderes religiosos en 2025, más del triple de la cifra registrada el año anterior, según revela el informe. Bajo estas medidas, los líderes religiosos debían presentarse semanalmente en persona en las comisarías locales, declarar sus actividades planificadas y obtener autorización previa antes de salir de su municipio.
Las amenazas y el acoso estuvieron presentes en 228 de los 309 casos, presuntamente perpetrados por funcionarios gubernamentales o sus representantes, incluidos activistas progubernamentales y paramilitares.
El gobierno continuó despojando a las organizaciones independientes de la sociedad civil de su estatus legal, elevando el total acumulado de organizaciones ilegalizadas a más de 5.600, según CSW. Sólo en 2025, al menos 18 eran de carácter religioso o estaban afiliadas a un grupo religioso, entre ellas, 15 instituciones protestantes y tres católicas.
La Asociación de Bautistas Fundamentalistas Independientes perdió su estatus legal en febrero de 2025. Otras entidades afectadas fueron escuelas, emisoras de radio y televisión religiosas y organizaciones benéficas de base religiosa, como Lutheran World Relief y Food for the Hungry.
Las órdenes religiosas fueron objeto de ataques particulares durante el año.
El 28 de enero, hasta 30 monjas de tres órdenes religiosas con sede en los departamentos de Managua, Chinandega y Matagalpa fueron obligadas a abandonar Nicaragua. En diciembre, ocho mujeres de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia en el departamento de Madriz fueron evacuadas de inmediato y llevadas al cruce fronterizo de El Espino con Honduras.
Se documentaron 55 casos de detención arbitraria de líderes religiosos, con duraciones que oscilaron entre unas pocas horas y varios años. Entre los detenidos se encontraba el pastor Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación de Iglesias La Roca de Nicaragua en el departamento de Carazo, quien ha sido blanco del gobierno desde 2018.
El 17 de julio de 2025, la policía arrestó al pastor junto con su hermana, dos cuñados, un miembro del equipo de alabanza de la iglesia y un amigo de la familia que también era diácono. Mauricio Alonso Petri, activista político y amigo del pastor, quien también era diácono, falleció bajo custodia en agosto de ese mismo año; su familia no recibió ninguna explicación sobre su muerte y no se le permitió realizar una autopsia.
Según un informe periodístico anterior, el gobierno también ha prohibido la ordenación de nuevos sacerdotes y diáconos católicos en las diócesis de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí. Los líderes locales afirman que la policía está impidiendo que cualquier obispo externo celebre ritos de ordenación en dichas diócesis.
Se estima que el 70 % del clero en Matagalpa se ha visto obligado al exilio. La investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe de investigación “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, ha calificado anteriormente los esfuerzos de ordenación como un “oasis litúrgico” en el desierto de la represión.
Según el informe de la CSW, se documentaron violaciones de la libertad de reunión en 33 casos que abarcan 10 departamentos, incluida la cancelación arbitraria de vigilias, retiros juveniles y desayunos de oración.
En septiembre de 2025, agentes de policía rodearon una gran iglesia protestante durante la misa dominical y ordenaron a los presentes que se marcharan. El jefe de policía declaró que el edificio sería idóneo para una comisaría.
El informe añade que, en 2025, el gobierno informó a las empresas de tránsito que ingresaban a Nicaragua por tierra que las Biblias y otros artículos religiosos se añadirían a una lista de artículos prohibidos que también incluía alimentos perecederos y drones. Varias personas denunciaron haber sido interrogadas en la frontera sobre si portaban Biblias o literatura religiosa; en algunos casos, los artículos fueron confiscados.
El pastor protestante Efrén Antonio Vílchez López permanece encarcelado desde 2022, cuando un tribunal lo condenó a 23 años de prisión tras declararlo culpable de agresión sexual a una menor. Según el informe, los tribunales se negaron a considerar las pruebas que demostraban su inocencia, incluidas las grabaciones de cámaras de seguridad que lo situaban lejos del lugar donde supuestamente se cometió el delito.
En julio de 2024, fue trasladado a una celda de máxima seguridad en la prisión de La Modelo. El 16 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares urgentes en su favor, luego de que el gobierno nicaragüense no respondiera a una consulta previa.
El gobierno de Ortega-Murillo no ha respondido a las comunicaciones de las Naciones Unidas ni de la Organización de los Estados Americanos y se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Iglesia en Nicaragua ha sido una de las pocas instituciones que critica abiertamente al gobierno de Ortega. Durante las protestas masivas de 2018 contra las reformas de las pensiones, el clero condenó la violencia policial contra los estudiantes.◄
