33. Afirmamos que es responsabilidad del gobierno civil proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos en lugar de proteger el valor de la propiedad y que el gobierno civil tiene la autoridad de brindar protección en contra de amenazas específicas a la vida, la salud, la libertad y la propiedad, pero no de proteger el valor de la propiedad como tal.
Negamos que a persona alguna se le deba permitir infringir los derechos y libertades de otros, o usar al gobierno civil para hacerlo, con el propósito de mantener el valor de su propiedad.
34. Afirmamos que las funciones ordenadas por Dios del gobierno civil –el hacer valer la ley, la defensa, el poder judicial, y las funciones tales que sean necesarias para llevar a cabo estas responsabilidades– debiesen ser financiadas por medio de un sistema de impuestos a sus ciudadanos en una tasa uniforme y por cuotas fijas uniformes para el usuario de los servicios.
Negamos que el sistema de impuestos cuyo objetivo sea redistribuir la riqueza sea justo, y que una política tributaria a los ciudadanos en porcentajes diferentes de ingreso (“impuesto escalonado al ingreso”) sea justa.
Vladimir Martínez
Pastor, ingeniero estructural y politólogo
