El grave error de Delcy Eloina Rodríguez

Con esta solicitud de una doctrina jurídica para complacer a menos del 3 % de la población venezolana, la Sra. Rodríguez ha abierto una caja de Pandora que se puede volver contra ella

(Agencias – Verdad y Vida).-

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la elaboración de una doctrina jurídica que reconozca la sexo diversidad y la diversidad política como derechos humanos fundamentales. Esta petición fue realizada durante la presentación del balance de los primeros 100 días de trabajo del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz.
En el marco de esta actividad celebrada el pasado sábado 09 de mayo, Rodríguez expresó la importancia de que el Poder Judicial genere un marco conceptual sólido que ampare estas realidades sociales y políticas. “Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una Doctrina sobre la Diversidad (…) Queremos ese aporte al país, a nuestro país”, manifestó Rodríguez al destacar que esta iniciativa representa una contribución esencial para el desarrollo de la nación.
Delcy Rodríguez remarcó: “vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, que es el derecho de ser diverso y eso lo aplico no solamente para la sexo diversidad, sino para la diversidad política”.
Esta corta, pero explosiva declaración, encendió las alarmas de la sociedad civil venezolana respecto al reconocimiento de la agenda sexodiversa, ya que atenta contra la familia original, la moral, las buenas costumbres, la Constitución Nacional, el Código Civil y otras leyes de Venezuela.

NO MÁS VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES

Con respecto a la “sexo diversidad”, la ONG Iniciativa por la vida y la familia venezolana se pronunció exigiendo que se respete la identidad biológica por sobre la de “género”, puesto que el uso de términos inexistentes en la Carta Magna como la palabra “género”, sino el reconocimiento de la identidad biológica (varón/hembra, niño/niña, hombre/mujer).
“El artículo 56 es taxativo: todo ciudadano tiene derecho a un documento que compruebe su identidad biológica. La Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley de Identificación establecen que el elemento de identificación es el sexo, no la autopercepción”, sostienen. Por ello, califican como improcedente cualquier intento de modificar documentos de identidad basados en orientaciones sexuales o percepciones subjetivas, instando al Estado a brindar ayuda en salud mental a quienes presenten confusión respecto a su sexo biológico.
El documento presentado por la ONG reafirma que el artículo 77 de la CRBV y el artículo 44 del Código Civil protegen exclusivamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. La iniciativa alerta sobre intentos de grupos feministas y de la “diversidad sexual” de incluir conceptos como la “familia homoparental” en el Reglamento de la Ley para la Protección de la Familia.
“La familia es el fundamento de la seguridad de la nación. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece que garantizar las futuras generaciones sólo es posible con el diseño original: mamá + papá = hijo”, explican. Reconocen únicamente las modalidades legales de la LOPNNA (Familia de Origen, Extendida y Sustituta), rechazando cualquier modelo que no tenga sustento en el marco jurídico vigente.

LO QUE PROPONE DELCY RODRÍGUEZ

Delcy Rodríguez solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la creación de una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental. Una propuesta que busca incluir no sólo la sexo diversidad, sino también la diversidad política dentro del marco legal, reconociendo el “derecho a ser diverso”.
En muchas encuestas realizadas en Venezuela, la población ha rechazado mayoritariamente la sexo diversidad, por lo inmoral, dañina para la familia y la sociedad; una medida de tanta importancia no debe tomarse sin convocar a la sociedad en general a que opine, bien sea mediante un referendo o con algún otro mecanismo legal.
Respecto a la “diversidad política”, nadie puede olvidar que ha sido este gobierno el que durante más de 26 años se ha encargado de inhabilitar la participación de muchos actores políticos; ha despojado a los partidos políticos de sus logos y estructuras para dárselos a gente afecta a ellos y ha obstruido la fundación de nuevos partidos, todo en el afán de reducir al máximo o desaparecer cualquier intento de evitar que se perpetúen en el poder.

¿QUÉ ES UNA DOCTRINA JURÍDICA?

La doctrina jurídica es el conjunto de estudios, opiniones, teorías y enseñanzas de juristas y académicos del derecho que interpretan, sistematizan y analizan las normas jurídicas. Aunque generalmente no es vinculante (no obliga a los jueces como una ley), guía la interpretación del derecho, influye en legisladores y fundamenta decisiones judiciales.
La doctrina jurídica tiene varios puntos clave:
Es la “ciencia del derecho”, constituida por el pensamiento de expertos que analizan la validez y aplicación de las normas. Interpreta las normas, ayuda a cubrir lagunas legales, sistematiza el ordenamiento jurídico y prepara la labor legislativa.
Además, influye en la creación de leyes y en la resolución de casos por parte de los jueces, quienes suelen recurrir a ella para fundamentar sus sentencias. A diferencia de la jurisprudencia (fallos de tribunales), la doctrina es el estudio teórico, no la sentencia en sí, aunque la doctrina jurisprudencial puede ser vinculante en ciertos casos, especialmente ante Tribunales Constitucionales.
Se considera una fuente formal indirecta o material, ya que proporciona los argumentos y principios que los jueces pueden adoptar. Por ejemplo: Cuando un juez debe resolver un caso con una ley ambigua, recurre a libros, tratados y artículos de reconocidos juristas para entender el alcance “espíritu” de la ley, aplicando así la doctrina.

¿DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO DE ESTA DOCTRINA JURÍDICA?

En el ordenamiento jurídico venezolano, la doctrina jurídica (entendida como la reflexión teórica de los juristas) no tiene capacidad directa para cambiar la Constitución, el Código Civil u otras leyes. Sin embargo, la jurisprudencia vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —que es una forma de “doctrina legal”— puede modificar la interpretación, alcance y aplicación de las normas vigentes, lo que en la práctica ha generado lo que algunos autores denominan “mutaciones constitucionales” o reformas legales subrepticias.
No hay mucho que explicar al respecto. Como no pueden modificar la Constitución, el Código Civil, entre otras leyes, le dan una reinterpretación a la medida de las exigencias de un grupúsculo a quien le importa muy poco la familia y el país con tal de satisfacer su más bajo morbo y vida perdida; terminando por producir “reformas legales subrepticias” (subrepticio: adjetivo que describe acciones, cosas o comportamientos realizados a escondidas, con sigilo, de manera clandestina o disimulada).
Ahí es donde radica el peligro más grande de tamaña solicitud de la Sra. Delcy Eloina Rodríguez. Porque si hasta ahora han violentado a su antojo la Constitución y las leyes, ¿quién garantiza que no lo harán en esta oportunidad también?

LA IGLESIA CRISTIANA EN ALERTA

Desde el mismo sábado diversas organizaciones cristianas del país comenzaron a levantar su voz de protesta en desacuerdo con Delcy Rodríguez, porque además de ser una medida inconstitucional y contraria a las leyes de Venezuela, la agenda LGBTIQ+ bajo el disfraz de “sexo diversidad” atenta contra la principal institución establecida por Dios como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, que fundamenta a la familia y la sociedad.
En próximos días habrá reuniones entre juristas cristianos con las diversas organizaciones que hacen vida en la Iglesia de Jesucristo en la nación para contrarrestar legalmente estas intenciones que atentan contra la familia y las leyes venezolanas.
Se espera también una reacción de la Iglesia Católica, que se ha mostrado contraria a estas intenciones de subvertir el orden legal, moral y familiar. Así mismo, el Foro Interreligioso Social de Venezuela debe levantar su voz al respecto de estas nada sanas y destructivas intenciones unilaterales del gobierno interino y transitorio.
Como cristianos creemos que es un grave error de la Sra. Delcy Eloina Rodríguez, siendo encargada de la presidencia por un breve tiempo, en vez de dedicarse a atender los graves problemas del país y propender hacia la obligatoria transitoriedad política que le dé un piso jurídico seguro a Venezuela, esté prestando atención a temas que de largo sabe que jamás podrá llevar a cabo.
La sociedad venezolana, de arraigada fe cristiana, jamás permitirá el establecimiento de la inmoralidad y el libertinaje sexual, mucho menos si para ello debe modificarse la Constitución Nacional, el Código Civil y varias leyes vinculantes al tema social, político y familiar.
Con esta solicitud de una doctrina jurídica para complacer a menos del 3 % de la población venezolana, la Sra. Rodríguez ha abierto una caja de Pandora que se puede volver contra ella misma y terminar por minar el poco piso político que ostenta bajo tutelaje norteamericano.
Ni Delcy Rodríguez ni ninguno de los que comparten el transitorio gobierno con ella deben olvidar que la actual administración de la Casa Blanca es totalmente anti lobby LGBTIQ+, es defensora de la familia original y de la vida. ¡Cuidado, porque “Dios no puede ser burlado”! La Biblia condena la ideología de género y su torcida sexo diversidad.◄